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Nuestro objetivo

Contribuir al desarrollo de proyectos de energía renovable participativos, inclusivos y transparentes.

¿Cómo se logra?

Incorporando la perspectiva social en las prácticas y las capacidades de los diferentes actores, así como en los instrumentos de política pública para la gobernanza, planeación y diseño de la transición energética.

El sector eléctrico en México ha experimentado una profunda transformación desde la Reforma Energética de 2013. La apertura del mercado eléctrico e importantes reducciones en los costos de las energías renovables, las convirtieron en una opción competitiva y viable para suplir la demanda eléctrica y avanzar hacia los objetivos de reducción de emisiones de GEI. De 2014 a 2018, la generación de energía eléctrica a partir de tecnología solar fotovoltaica y eólica tuvo un incremento de 247%, pasando de 4,204 GWh a 14,609 GWh.

Sin embargo, el diseño y puesta en práctica de la Reforma Energética ha traído consigo el surgimiento de nuevos retos para todos los actores involucrados en las etapas de la asignación, planeación, ejecución y operación de los proyectos de energía renovable. Durante este proceso, la dimensión social no se ha incluido de manera adecuada o suficiente en la gobernanza sectorial, en las instituciones, en la dinámica de ciertos proyectos y en el marco de las políticas públicas que los regulan.

Los proyectos de infraestructura energética, en general, y de energías renovables de gran escala, en particular, tienen un impacto diferenciado por la escala y por su naturaleza, los cuales se manifiestan y experimentan de forma diferenciada en las mujeres, hombres y niños de las poblaciones locales, aledañas y/o adyacentes a los proyectos. Estas características necesitan ser entendidas, atendidas y prevenidas con el fin de reconocer los derechos de todas y cada una de las partes interesadas.

En México, el modelo de negocio utilizado para la planeación y desarrollo de la política energética, así como de los proyectos públicos y privados derivados de aquella política, parte de sólo reconocer las necesidades técnicas y financieras del sector y de los proyectos. La dimensión social, entendida como los impactos sociales y la relación con las poblaciones locales, no está considerada como un elemento central en el diseño de los proyectos energéticos, aún cuando ésta dimensión determina la gestión del territorio, por un lado, y los riesgos no técnicos, por el otro.

Diversos diagnósticos elaborados tanto por instituciones académicas, como por el gobierno federal, empresas del sector privado, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, y el análisis propio del proyecto CER, muestran que el problema de la carencia de consideración de la dimensión social está presente en distintos proyectos a lo largo del país. De acuerdo con la información recabada, la conflictividad social en torno a la energía renovable tiene causas y consecuencias diversas, que deben ser reconocidas para un análisis integral del tema. Aún cuando no existe una narrativa homologada, la atención a los impactos sociales está cada vez está más presente en las agendas de los diversos actores involucrados.

  1. Creemos que es posible una gestión estratégica de la energía que incluya proyectos de todas las escalas (generación distribuida, mediana escala y gran escala) y diversos esquemas de propiedad, para reducir emisiones de GEI, ofrecer energía a bajo costo, reducir la pobreza energética y acercarse a la soberanía energética nacional.
    • La planeación territorial y ecológica previa puede facilitar el desarrollo exitoso, inclusivo y transparente de los proyectos de energía renovable.
    • La transparencia y la rendición de cuentas deben guiar la relación entre los actores que intervienen en el ciclo de un proyecto.
  2. Sostenemos que el rol de las mujeres y hombres de las poblaciones locales y las comunidades en los proyectos puede y debe cambiar para convertirse en aliados, en sentido amplio, con poder en la toma de decisiones sobre su territorio.
    • La reducción de asimetrías de poder entre los diferentes actores será fundamental para el éxito de su relacionamiento.
  3. Consideramos que los proyectos deben representar oportunidades de desarrollo local, asegurando la creación de valor de todos para todos.
    • Todo proceso y política deberá llevarse a cabo con un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género y transformación positiva de conflictos.